Un hombre de 55 años fue condenado por la Justicia Federal por haber captado, explotado y abusado sexualmente de dos mujeres venezolanas en la localidad de General Pirán, partido de Mar Chiquita.
Los jueces Roberto Atilio Falcone, Luis Alberto Imas, Nicolás Toselli condenaron a Gustavo Iñiguez a 13 años de prisión por dos casos de trata de personas, bajo la modalidad de captación, traslado y acogimiento, con fines de explotación, agravado por el abuso de una situación de vulnerabilidad.
Iñiguez había llegado al debate detenido, alojado en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza y, por disposición de los jueces, deberá cumplir la pena en prisión.
Además, los magistrados ordenaron reparar el daño moral ocasionado a las víctimas. A una de las mujeres se fijó una reparación de 4.400.000 de pesos, mientras que para la otra de 2.000.000.
En la sentencia, los magistrados no pudieron ordenar el decomiso del inmueble en el que el condenado tuvo cautivas a las víctimas, ubicado en General Roca al 600 de General Pirán, ya que no se encontró un título de la propiedad. Por este motivo ordenaron al Registro de Propiedad del municipio de Mar Chiquita que informe sobre la situación del inmueble.
El caso
Según se pudo demostrar en el juicio, los primeros contactos los inició Iñiguez por Facebook. Él mandó las solicitudes de amistad y cuando ganó la confianza de las mujeres venezolanas les dijo que quería ayudarlas, tomando nota de la situación económica inestable que vivían en su país. Les hizo falsas promesas laborales y les dijo que las ayudaría a costear los pasajes. De acuerdo a la investigación de la fiscal Laura Mazzaferri, la captación en ambos casos se habría valido de organizaciones de tráfico ilegal de personas migrantes, establecidas en distintas fronteras, a fin de lograr su traslado hasta su domicilio; aunque las rutas para ingresar al país fueron distintas. Al llegar, las mantuvo cautivas en su casa de General Pirán, donde de acuerdo a los propios relatos de las mujeres, abusó sexualmente de ellas.
El primer caso que llegó a instancia judicial se inició a principios del 2021, cuando una mujer de 21 años fue contactada por esa red social y a principios de abril llegó en tren a Pirán, luego de una travesía que la llevó a cruzar cinco fronteras, atravesar 11 días de viaje por tierra y hasta perder su bolso de equipaje a bordo de una balsa que la llevó hasta Ecuador en una clara situación de riesgo. El acusado la recibió y la llevó a su casa, que permanecía con su puerta y postigos de ventanas cerrados cuando el hombre salía a trabajar. Hubo amenazas, comunicaciones controladas con su familia y abusos sexuales.
La joven de 21 años traía consigo un teléfono que dijo que no funcionaba más cuando llegó porque se había quedado sin batería, y fue la herramienta que le permitió conseguir su libertad. Aprovechó una salida del acusado, consiguió un cargador y llamó a la Policía Federal. Ella no tenía idea de dónde estaba, por lo que los agentes policiales le recomendaron abrir el Google Maps, de donde sacó la dirección.
A su vez, quedó demostrado para el MPF que el imputado costeó casi todo el viaje al depositar 800 dólares en una posible agencia ilegal que funcionaba en Colombia. Incluso, cuando la víctima estuvo varada en Jujuy -donde ingresó por La Quiaca-, el acusado le realizó dos giros por un total de 7300 pesos.
Además de la travesía vivida hasta llegar a Pirán, se valoró su condición de migrante, en una ciudad totalmente desconocida, dado que fue llevada directamente hasta la vivienda del acusado sin conocer a nadie ni al lugar. Allí permaneció más de una semana hasta que pudo ser rescatada.
“Mirá, como te pasó a vos”
Así decía el mensaje que recibió de una amiga otra joven venezolana que, a fines de 2018 atravesó un hecho similar. Si bien en su momento no quiso hacer la denuncia, advertir un mismo modus operandi la llevó a intentar evitar que más mujeres pasen la misma situación. Se contactó con la fiscalía, presentó la denuncia e instó la acción penal por el hecho de abuso sexual.
El modo de captación se dio casi de manera idéntica: a través de Facebook el acusado la contactó -luego de establecer que la víctima formaba parte de un grupo de personas venezolanas que tenían contacto entre sí, por estar en el país o querer migrar hacia aquí-, le ofreció una falsa oportunidad laboral en Argentina, que ante la imposibilidad de tener sustento para ella, su hijo y su hija menores en su país natal, la motivó a emprender el traslado hasta Mar del Plata. Luego fue llevada por el propio acusado a General Pirán, donde llegó en los primeros días de noviembre de aquel año tras un complejo proceso migratorio. En la casa del imputado permaneció casi un mes, a la espera del trabajo que semana a semana el sujeto le decía que saldría, y donde fue forzada a mantener una unión de hecho y abusada sexualmente -con acceso carnal-, reduciéndola, de este modo, a la condición de esclavitud.
El episodio de abuso sexual motivó a la mujer a intentar escapar del lugar, lo que pudo concretar uno o dos días después, a pesar de las trabas impuestas por el acusado como haberle quitado su herramienta de trabajo –laptop-, reclamarle el pago de los pasajes y que estuviera con él. Cuando quiso escapar, el sujeto le cerró la puerta del frente y la joven logró huir por atrás, pero sin poder cargar su valija. Corrió hasta la ruta, donde encontró dos efectivos en un móvil policial, le prestaron el teléfono para hacer una llamada y ella logró escapar hacia la Ciudad de Buenos Aires.
En ambos casos, las víctimas han sido asistidas técnicamente por la Defensora de Víctimas de la Defensoría General de la Nación, presentándose incluso una de ellas como querellante en el marco del proceso.
Fuente Diario La Capital.
