El Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 2 hizo lugar a una acción de amparo presentada por un vecino de Batán y resolvió que la Municipalidad de General Pueyrredon deberá garantizar el transporte público gratuito el próximo domingo 7 de septiembre, día de elecciones, para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto.
La presentación judicial fue realizada por Santos Ángel Fernández, patrocinado por el abogado Julio Armando Hikkilo, quien argumentó que la negativa del municipio a adherir a la resolución provincial que establecía la gratuidad del servicio de colectivos afectaba de manera directa el derecho al sufragio de los sectores más vulnerables.
En su escrito, el amparista señaló que la falta de transporte sin costo implicaba un obstáculo para miles de electores que no cuentan con medios económicos para trasladarse hasta las escuelas. Esa omisión, sostuvo, resultaba “arbitraria, irrazonable y violatoria de derechos políticos fundamentales”.
La jueza interina Mariana Haydée Irianni hizo lugar a la medida cautelar innovativa solicitada y ordenó al intendente Guillermo Montenegro implementar de manera urgente un esquema de transporte público básico y gratuito durante toda la jornada electoral. La resolución advierte que, en caso de incumplimiento, se aplicarán las sanciones previstas en el Código Penal.
En los fundamentos, la magistrada destacó que el voto es “un derecho humano fundamental que fortalece la democracia” y recordó que tanto la Constitución Nacional como los tratados internacionales obligan al Estado a remover los obstáculos que dificulten su ejercicio. Asimismo, remarcó que la gratuidad del transporte ya había sido dispuesta por el Ministerio de Transporte bonaerense y que la decisión del municipio de no adherir carecía de justificación legal.
De esta manera, la resolución judicial busca garantizar la igualdad de condiciones para todos los electores del partido de General Pueyrredon, en vísperas de unos comicios en los que el acceso a las urnas había quedado en discusión por la falta de acuerdo entre Provincia y Municipio respecto del servicio de transporte.
