Los Intendentes de Unión por la Patria en la Quinta Sección se reunieron en Ranchos, y manifestaron preocupación ante la situación económica y social en la que se encuentra el país
a raíz de las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei.
“La ciudadanía, al igual que al Presidente, en las últimas elecciones nos legitimó con su voto, con el compromiso de trabajar incansablemente para mejorar su calidad de vida. Rechazamos enfáticamente la asfixia financiera permanente a la que es sometido el gobierno provincial que encabeza Axel Kicillof, privándolo de fondos que legítimamente le corresponden y que repercute directamente en el bienestar de las familias bonaerenses y de las comunas que gobernamos”, expresaron en un comunicado.
Además, remarcaron que “las medidas del Gobierno Nacional de eliminación de subsidios al transporte interurbano en el interior, las subas constantes del precio de los combustibles y la habilitación de los nuevos cuadros tarifarios que presentan aumentos siderales en los servicios básicos como la energía eléctrica y el gas, resienten nuestro sistema productivo y no hacen más que empujar a la pobreza a nuestros vecinos y vecinas”.
Los jefes comunales alertaron por “el preocupante freno a la obra pública, que no solo es un elemento dinamizador de la economía y tiene impacto directo en el día a día de nuestras comunidades, generando un círculo virtuoso de crecimiento para todos, sino también la imposibilidad de construir más viviendas, ampliar redes cloacales y de servicios, pavimentar calles, entre tantas otras transformaciones que le posibiliten a las familias vivir mejor”.
“La profunda recesión nos obliga a realizar un esfuerzo para sostener el poder adquisitivo de los salarios de nuestros trabajadores y trabajadoras, al mismo tiempo que establecemos los mecanismos necesarios para acompañar a los sectores más vulnerables, facilitando alimentos a las familias y medicamentos para adultos mayores, víctimas principales del ajuste salvaje llevado a cabo por el gobierno nacional. La desregulación propuesta por el mega DNU 70/23 sobre el sector de medicamentos y droguerías, impulsó un aumento inusitado de los costos con su correlato directo en los sistemas de salud locales, en su gran mayoría municipales, con la dificultad de financiamiento y la obligación de redoblar intenciones en la búsqueda de sostener un sistema sanitario público, gratuito y de calidad”, señalaron.
También afirmaron que “este modelo de desempleo y empobrecimiento solo cierra con violencia. Como reza el clásico dicho “Para muestra, un botón”, la pasada semana vimos imágenes crueles, con una represión desbocada, que nos remontan a momentos de los más oscuros de nuestra historia y por las que aún hoy hay personas privadas de su libertad por manifestarse”.
